El martes 9 de septiembre, cientos de manifestantes invadieron la sede del Senado en México, interrumpiendo el debate sobre una reforma controvertida que podría hacer del país el primero en elegir a todos sus jueces por voto popular.
Los manifestantes, entre ellos funcionarios judiciales en huelga y estudiantes universitarios, forzaron las barreras de seguridad y provocaron un «receso indefinido» decretado por el titular del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Más tarde, Noroña convocó a una sesión en una sede alterna para la misma noche, con la expectativa de que el texto sea votado entre martes y miércoles, como estaba previsto.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, autor de la reforma, ha propuesto esta enmienda en medio de un enfrentamiento con la Suprema Corte. López Obrador ha criticado al máximo tribunal y a algunos jueces por su supuesta corrupción y falta de independencia. La reforma también ha sido criticada por Estados Unidos y Canadá, que advierten que dañaría el acuerdo comercial T-MEC y pondría a los jueces en riesgo de influencias criminales.
Si la reforma es aprobada, los actuales ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados podrían postularse en elecciones en 2025 y 2027. De no hacerlo, permanecerían en sus cargos hasta que sean reemplazados por los elegidos. Esta propuesta es considerada única en América Latina, con la excepción de Bolivia, donde los jueces son elegidos por voto popular, aunque la independencia judicial ha sido cuestionada en ese país.
López Obrador defiende la reforma como una forma de acercar la justicia a la población, argumentando que la independencia de los jueces ha sido un problema en el país con altos niveles de impunidad. Los partidos opositores, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, han expresado su oposición y prometen luchar contra la reforma.
