Diputados Retrasan Reforma Crucial para Combatir Armas Ilegales
La reforma legislativa que pretende endurecer las penas por la posesión y uso de armas ilegales está avanzando a un ritmo más lento de lo esperado en la Asamblea Legislativa. El proyecto de ley, que tiene la intención de establecer sanciones más severas para quienes poseen armas prohibidas o no registradas, sigue en discusión y aún no ha superado la etapa de enmiendas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Este proyecto de ley es una prioridad para los tres poderes de la República, especialmente para el Poder Judicial, dada la creciente preocupación sobre el tráfico y uso de armas ilegales en el país. Un reciente informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional reveló que hasta el 52% de las armas en circulación hasta 2021 eran ilegales. Entre estas armas se incluyen modelos como el AK-47, AR-15, y Uzi, que son típicamente usados por fuerzas policiales o militares en América Latina y, por tanto, su presencia en el país podría deberse a robos o corrupción.
¿Qué pretende la reforma?
La legislación vigente distingue entre dos tipos de posesión ilegal de armas. La primera se refiere a las armas permitidas en el país que no están debidamente registradas, y la segunda abarca armas prohibidas como los fusiles automáticos. La reforma en discusión se enfoca en estas últimas, buscando imponer penas más duras para quienes las posean, usen, fabriquen, comercialicen o almacenen.
Entre las propuestas de la reforma, se incluyen penas de prisión de entre 1 a 3 años para quienes posean armas permitidas por ley pero no inscritas en el Departamento de Armas y Explosivos. Además, se contemplan sanciones de 6 meses a 3 años para aquellos que porten armas permitidas sin el permiso correspondiente.
La demora en la aprobación de esta reforma ha generado inquietud entre los sectores de seguridad y justicia, que consideran esencial la implementación de estas medidas para combatir la proliferación de armas ilegales en el país.
