El prolongado estancamiento salarial que ha afectado a los funcionarios del Poder Judicial durante los últimos cinco años ha impulsado a los sindicatos a tomar medidas firmes en busca de mejoras en las condiciones laborales. Ante la creciente preocupación por el aumento del costo de vida y la salida de empleados, los gremios han redoblado sus esfuerzos para revertir esta situación.
En las últimas semanas, representantes sindicales presentaron sus demandas ante la Corte Plena, argumentando que es urgente un ajuste salarial para compensar la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores han experimentado, estimada en un 15%. Aunque en ocasiones anteriores los magistrados rechazaron la solicitud basándose en la Ley Marco de Empleo Público, los sindicatos, con el respaldo de jueces de la Sala Tercera, han logrado que su voz sea escuchada y que la petición se reconsidere.
Para fortalecer su posición, varias organizaciones sindicales han formado un frente común con el objetivo de iniciar el proceso hacia una convención colectiva única. Jorge Cartín, secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud), explicó a DIARIO EXTRA que, aunque el camino será largo, la convención colectiva es la mejor herramienta para garantizar mejoras salariales y otros derechos laborales.
Cartín destacó que esta lucha tiene dos objetivos principales: recuperar el poder adquisitivo de los salarios y establecer políticas efectivas para retener el talento dentro del Poder Judicial, evitando la fuga de empleados que podría alcanzar los 300 al finalizar el 2024, según un estudio presentado en Corte Plena.
Además, Cartín señaló que la convención colectiva es un derecho respaldado por la Constitución, el Código de Trabajo y los convenios internacionales de la OIT, y que la Ley de Empleo Público no puede impedir la negociación de mejoras en las condiciones laborales, incluidos los aumentos salariales.
El representante de Sitrajud también subrayó que otras instituciones públicas, como la Universidad de Costa Rica y las municipalidades, así como el mismo Gobierno al aumentar los salarios de los policías, han demostrado que es posible hacer ajustes salariales, lo que contradice las razones esgrimidas por los magistrados para no atender las demandas del sector judicial.
