Una nueva ola de violencia golpea a Guayaquil, Ecuador, dejando en su estela tres masacres en tan solo dos días y sumando un total de ocho víctimas mortales el sábado pasado.
En el primer incidente, un grupo armado abrió fuego contra un grupo de personas en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil, cobrando la vida de dos personas en el acto. Sin embargo, varios heridos fallecieron más tarde debido a la gravedad de sus lesiones, elevando el número de víctimas mortales a ocho, mientras que ocho personas más resultaron heridas y están siendo atendidas bajo resguardo policial.
Esta nueva escalada de violencia en Ecuador ha sido alarmante, particularmente en el suroeste del país, donde cinco turistas fueron secuestrados, interrogados y asesinados por narcotraficantes que los confundieron con miembros de una banda rival.
Las víctimas, seis adultos y cinco niños ecuatorianos, fueron raptadas de su hotel en el balneario de Ayampe por una veintena de personas armadas. Tras ser sometidos a interrogatorios, los cuerpos de cinco adultos fueron encontrados con heridas de bala en una carretera cercana.
El presidente Daniel Noboa expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y reafirmó su compromiso de combatir el narcoterrorismo y sus aliados, que continúan sembrando el terror en el país.
A pesar de las medidas tomadas, como el estado de excepción declarado en enero, la violencia persiste en Ecuador. El viernes pasado, cuatro personas, incluido un militar, fueron asesinadas en la ciudad de Manta, mientras que recientemente la alcaldesa de San Vicente fue baleada en un nuevo caso de violencia política.
Estos hechos violentos, junto con un motín en una cárcel de Guayaquil que dejó tres presos muertos y seis heridos, han coincidido con la convocatoria a un referendo por parte del presidente Noboa para consultar a los ecuatorianos sobre medidas más estrictas para enfrentar el narcotráfico.
Las cárceles ecuatorianas, epicentro de la actividad de bandas narcotraficantes vinculadas a carteles de Colombia y México, han sido testigos de enfrentamientos armados entre estos grupos, que han dejado un saldo de más de 460 presos muertos desde 2021. La consulta popular propuesta por el presidente busca endurecer las medidas contra el crimen organizado y fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad para hacer frente a esta creciente amenaza.
