Las empresas que se vean envueltas en actos de corrupción por hechos vinculados con procedimientos de contratación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y de sus órganos desconcentrados, no podrían participar de forma directa o indirecta en nuevas contrataciones con ese Ministerio o alguno de sus órganos, según propone el Poder Ejecutivo.
Se trata de la iniciativa “Ley de medidas preventivas en la actividad contractual promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental”, promovida por el jerarca de esa entidad, Rodolfo Méndez Mata, y apoyada por el Presidente de la República, Carlos Alvarado.
El proyecto busca garantizar la transparencia de los procesos de contratación pública que promueve el MOPT y evitar que se otorguen nuevos contratos a personas físicas y/o jurídicas que no resultan ser contratistas idóneos, dado que las eventuales consecuencias de procesos judiciales en curso, pueden comprometer la eficiente y eficaz ejecución de los contratos.
Por tanto, las personas físicas o jurídicas sobre las que pesen medidas cautelares de cualquier naturaleza que hayan sido fijadas por una autoridad judicial competente, no podrían participar en los procedimientos de selección de contratistas que se promuevan en el ámbito institucional, sea directamente o a través de mecanismos de gestión indirecta.
Este impedimento se aplicaría en cualquier etapa del procedimiento de contratación, excepto cuando ya se tenga un contrato otorgado en firme, y regiría por el lapso en que esté vigente la medida cautelar dictada por la autoridad judicial.
Dicha limitación es una medida razonable para salvaguardar el interés público vinculado a los procedimientos de contratación que promuevan el MOPT y sus órganos desconcentrados: Consejo de Seguridad Vial (COSEVI), Consejo de Transporte Público (CTP), Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC), y el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), explicó Méndez Mata.
Este proyecto se suma al conjunto de acciones que el Consejo de Administración del CONAVI realiza ante los procesos de investigación judicial que se llevan a cabo por eventuales irregularidades en la actividad de contratación pública de la institución.
Entre ellas destacan la intervención del CONAVI, las decisiones tomadas el pasado miércoles de no firmar el contrato de las obras adjudicadas a la constructora H. Solís para ampliar la Radial Lindora, no ejecutar la adenda al contrato para ampliación del puente viejo en la Ruta Nacional número 32, esto a favor del consorcio Virilla Ruta 32 S.A., conformado por las empresas MECO y Puentes y Calzadas. Asimismo, la decisión de no ampliar los contratos de conservación vial.
